En memoria de Camilo Catrillanca

Equipo Comunicaciones Anide.

Hablar sobre la historia de Camilo Catrillanca es hacer alusión a una infancia y adolescencia profundamente vulnerada. Es hablar de la violencia sistémica de la que son víctimas las niñas, niños y adolescentes que pertenecen a comunidades en proceso de reivindicación y recuperación territorial. Es dar cuenta de biografías atravesadas por distintos tipos de violencia, no sólo de la violencia física que experimentan a manos de agentes policiales en cada allanamiento que se lleva a cabo en sus comunidades, sino también de una violencia simbólica, de una violencia económica, de una violencia institucional que está profundamente arraigada en sus propias vidas. Porque hay que recordar, por ejemplo, que la región de La Araucanía, según datos de la encuesta Casen del año 2017, es la más empobrecida. Esto último indudablemente también constituye una vulneración de sus derechos, pues la pobreza lleva consigo otras vulneraciones. No obstante, también experimentan otros tipos de violencias que se suscitan cuando, por ejemplo, los miembros de sus comunidades son encarcelados, cuando padres y madres deben ausentarse obligatoriamente de sus comunidades porque se encuentran o bien en extensos períodos de “prisión preventiva” o deben cumplir largos años de condena en procesos judiciales atravesados por profundas irregularidades al debido proceso, ya que la justicia chilena, como han denunciado en más de una ocasión organismos internacionales de derechos humanos, vulnera sus derechos a un juicio justo. De hecho, y en relación a lo anterior, aún hoy día se siguen encarcelando mapuche bajo la aplicación de la denominada Ley Antiterrorista, creada en plena dictadura cívico-militar.

Camilo Catrillanca, al igual que cientos de niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades activas en la movilización y protesta por reclamar, defender y ejercer sus derechos, experimentó en su vida innumerables episodios de violencia. Baste recordar que Camilo era un activo weichafe del lof Temucuicui, lof que ha estado en la mira de los distintos gobiernos postdictatoriales debido al proceso de reivindicación por sus derechos que han llevado a cabo hace ya varios años. Es cosa de darse un tiempo y buscar en internet información referente al lof Temucuicui y fácilmente se podrá acceder a distintas noticias y reportajes que dan cuenta de este proceso de violencia sistemática que experimentan sus miembros, en especial niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y como se señalaba anteriormente, las niñas, niños y adolescentes mapuche no sólo sufren en carne propia la violencia física, sino también otros tipos de violencia que, si bien son más soterradas no son por ello menos impactantes en sus vidas. En efecto, aún las niñas, niños y adolescentes mapuche no logran ejercer plenamente su derecho a una educación pertinente en términos culturales, tal como lo establecen distintos acuerdos y declaraciones firmados por el Estado chileno, como lo son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, cabe señalar que en Chile se imparte educación intercultural sólo en los establecimientos donde el porcentaje de niñas, niños y adolescentes indígenas matriculados supera el 20%. Frente a este dato, es legítimo preguntarse ¿qué sucede en los establecimientos donde no existe este requerimiento porcentual, las y los niños indígenas por tanto quedan sin ejercer su derecho a una educación intercultural? En esta misma línea, se torna significativo el siguiente dato: el establecimiento donde Camilo cursó su educación secundaria, el liceo técnico-profesional e intercultural Pailahueque, debido a la mala administración y al abandono por parte del Estado, debió cerrar sus puertas en el año 2012. Lo llamativo de este suceso no es que el liceo haya cerrado sus puertas y haya dejado de impartir educación a cientos de niñas y niños mapuche, pues su matrícula se conformaba casi en un 80% de estudiantes pertenecientes a este pueblo indígena, sino que la infraestructura de este establecimiento se convirtiera en la base material para la implementación de una base policial. La misma base policial desde donde hoy en día se preparan los agentes policiales del Comando Jungla para hacer frente a supuestos actos terroristas que se suceden en el sur de Chile. No es menor este dato, pues da cuenta de los desaciertos, por decirlo de algún modo, de las medidas que han tomado los distintos gobiernos para hacer frente al conflicto que sostiene el Estado chileno contra el pueblo mapuche.

Por otro lado, hay que recordar que, como resultado del violento allanamiento llevado a cabo en el lof Temucuicui y donde resultó asesinado Camilo Cantrillanca, se detuvieron a tres adolescentes que, en las primeras declaraciones emitidas por carabineros, habrían participado del delito de receptación de vehículos robados. Uno de estos adolescentes es M.P.C., quien es testigo directo de la muerte de Camilo Catrillanca, ya que se encontraba con él en el tractor que este conducía, debido a que estaba aprendiendo a manejarlo, cuando se cruzan con la policía y los agentes del Comando Jungla comienzan a dispararles. Según lo que ha trascendido en los medios de comunicación, Camilo le habría dicho que se agachara porque estaban disparando balas y ahí M.P.C. presencia que un proyectil alcanza a Camilo en la nuca. Luego de esto, los efectivos bajaron a ambos del tractor y los comienzan a golpear, antes de subirlos al carro policial donde continúan con la golpiza. Es en este momento donde el adolescente logra presenciar que uno de los policías que habían herido mortalmente Camilo cambia la tarjeta de memoria de la cámara gopro donde se había registrado todo el procedimiento. Posteriormente lo trasladan a la comisaría de Collipulli, donde permanece detenido por 24 horas, y donde se le inculpa por el delito señalado anteriormente. En la audiencia de control de detención, el juez a cargo del proceso establece que esta es una detención ilegal y abre paralelamente una causa en calidad de víctima y testigo del adolescente.

Todo lo anteriormente señalado da pie para múltiples interrogantes y reflexiones respecto a la vulneración y violación de los derechos humanos, en especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, lo grave y traumatizante que resulta para cualquier ser humano presenciar directamente la muerte de una persona y, en este caso, una persona tremendamente significativa para tu comunidad, para tu familia ampliada. De verdad, y por más que uno intente dimensionar este hecho, es imposible hacerlo. En segundo lugar, cómo es posible que agentes policiales armados hasta los dientes sigan golpeando a dos comuneros, uno menor de edad, cuando ya estos están reducidos (y, probablemente, uno de ellos ya fallecido), y luego seguir golpeándolos cuando están en el carro policial. Cómo se explica que un adolescente deba experimentar estas series de violaciones a sus derechos y dignidad humana. Posteriormente lo llevan detenido sin este saber por qué razón lo hacen. Todo esto constituye un delito de tortura en cualquier país que se digne de ser democrático y respetar los derechos humanos.

Como se ha planteado en más de una ocasión, los hechos descritos en estas líneas lamentablemente no son aislados. Ya en el año 2011 la fundación Anide, en conjunto con otras organizaciones, elaboró un informe donde daba cuenta de manea detallada de las diversas vulneraciones que experimentaban niñas, niños y adolescentes mapuche. En marzo de ese mismo año, y en una audiencia temática presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la fundación Anide, en conjunto con la Red de ONGs de Infancia y Juventud en Chile, puso en conocimiento la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche pertenecientes a comunidades movilizadas en protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales.

En el año 2015, nuevamente la fundación Anide, en conjunto con la ONG internacional Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compartieron y visibilizaron el informe presentado por la Alianza Territorial Mapuche, la Fundación Anide y CEJIL. Este informe da cuenta de manera sistematizada del uso excesivo y desproporcionado ejercido por las fuerzas de seguridad en la Región de La Araucanía y el particular efecto que ello tiene sobre niños, niñas y adolescentes mapuche. El documento presentado en esta audiencia temática abarca los hechos ocurridos en el período 2011 y 2015 en las comunidades de Temucuicui y Trapilwe, así como la impunidad en que se encuentran estos hechos.

En síntesis, tanto el Estado chileno como los distintos poderes que lo conforman, están en una profunda deuda con la niñez y adolescencia mapuche. Como se deja en claro en los párrafos anteriores, la violencia institucional ha sido una constante en las vidas de cientos de niños, niñas y adolescentes mapuche. La vida y muerte de Camilo Catrillanca es un fiel reflejo de lo que se sostiene en estas líneas, lo es también lo experimentado por el adolescente M.P.C. que acompañaba a Camilo cuando este fue asesinado por los agentes del Comando Jungla.

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