Boletín Pichikeche n°34. Editorial: de continuidades y cambios

Pichikeche

Una de las máximas en la didáctica de la enseñanza de la Historia dice relación con dos conceptos que permiten comprender el devenir histórico de las sociedades humanas: continuidad y cambio.

Desde esta perspectiva, el mes de marzo se constituye como la inauguración de un período de supuestos cambios para las chilenas y chilenos. El arribo al palacio presidencial de Sebastián Piñera, electo presidente en diciembre de 2017, se hizo sobre la base de promesas de tiempos mejores. Apenas asumido en su cargo, el presidente Piñera, representante político de la derecha empresarial que aboga por la profundización del modelo neoliberal capitalista extractivista, anunció con bombos y platillos el llamado a todos los sectores políticos a desarrollar un gran Acuerdo Nacional por la Infancia. Para dar impulso a este acuerdo, el presidente anunció un paquete de 10 medidas para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Teniendo presente los conceptos de continuidad y cambio, y haciendo un somero análisis de este paquete de 10 medidas, es posible percatar que muchas de ellas constituyen una continuidad en cuanto a los proyectos que el gobierno anterior había impulsado. Así que, en este sentido, no hay mayores cambios más que los superficiales. En términos simples, cambios en la forma, continuidades en el fondo. No obstante, una de las medidas que ha concitado la atención y preocupación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con y para la niñez, lo constituye el incremento de las subvenciones estatales que reciben las instituciones colaboradoras del Sename. Y aquí nos encontramos, nuevamente, con una continuidad arraigada en el modelo neoliberal imperante en Chile: el Estado subsidiario.

En cuanto a la infancia y niñez mapuche no existen referencias claras de cómo se abordarán temas, como, por ejemplo, la educación intercultural, tanto en los espacios rurales como en los urbanos. Tampoco existen anuncios que den cuenta de los procesos de reparación y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes mapuche que han sido víctimas de la violencia institucional por parte del Estado. Ahí está el caso del adolescente mapuche Brandon Hernández Huentecol, quien hasta el día de hoy conserva en su cuerpo cientos de balines que son el resultado del disparo de escopeta percutado por el Sargento Segundo de las Fuerzas Especiales de Carabineros, Christian Rivera. Ningún organismo estatal se ha hecho cargo de la debida y oportuna atención de Brandon, quien, en más de una ocasión, ha debido ser internado por los problemas de salud que han suscitado estos balines en su cuerpo. En cuanto al proceso judicial que se lleva a cabo por esta acción de violencia desmedida e inusitada por parte del agente policial, este se mantiene estancado, pues el integrante del GOPE (policía militarizada que opera en los territorios mapuche) sólo se presentó a la tercera audiencia, luego de ausentarse de las dos primeras. Esto claramente dificulta la obtención de justicia por parte de la familia y las organizaciones sociales que han seguido y apoyado este proceso de exigir justicia. Por tanto, y nuevamente desde la perspectiva de las continuidades y cambios, la política en cuanto a la criminalización del pueblo mapuche se mantiene intacta.

Otra de las medidas anunciadas, y que afecta de manera directa a los pueblos indígenas que abogan por la defensa de sus territorios, es la modificación de la Ley Antiterrorista donde se le otorgan a las policías mayores facultades para investigar delitos supuestamente de carácter terrorista. Entre ellas, la incorporación de técnicas investigativas de mayor eficacia, tales como agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptación de comunicaciones. Nuevamente vemos cómo existe un retroceso en el ejercicio de los derechos por parte de las y los ciudadanos, así como de las organizaciones de defensa de la vida, entre ellas las de los pueblos indígenas. Todo esto teniendo como telón de fondo el fracaso por parte de la inteligencia de carabineros en la denominada Operación Huracán, donde quedó en evidencia el montaje creado con el objetivo de inculpar a distintos dirigentes mapuche.

En lo referente a los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular, vemos cómo existen continuidades más que cambios. Se continúa con la criminalización y la militarización de las comunidades que desarrollan procesos de reivindicación territorial, afectando de manera particular el ejercicio pleno de sus derechos, así como los derechos especiales que protegen a las niñas, niños y adolescentes mapuche. Continúan las prolongadas “prisiones preventivas” que afectan a dirigentes y autoridades espirituales del pueblo mapuche. Baste recordar el denominado caso Luchsinger-Mackay, donde, a pesar de haber sido absueltos los 10 comuneros y la machi Francisca Linconao, aún no hay justicia para los y la afectada. Continúa la lucha del machi Celestino Córdova por justicia en su causa, una causa que ha estado caracterizada por las interrogantes respecto al debido proceso. Continúa la negación del ejercicio de su derecho como machi y no se le acepta su salida por 48 horas a su comunidad para renovar su rewe. Continúa la lucha del Peñi Rubén Collío por esclarecer de manera fehaciente el asesinato de su compañera y madre de sus hijos, Macarena Valdés. Gracias al apoyo de organizaciones sociales y de la perseverancia del peñi, se logró reunir el dinero que pudo costear una nueva autopsia que determinó que Macarena presenta signos irrefutables de haber sido asesinada y no, como la prensa divulgó, que se había suicidado.

Respecto a la defensa de los territorios y ecosistemas por parte de comunidades organizadas y los pueblos indígenas, se observa con preocupación una nueva arremetida de proyectos que afectan directamente el desarrollo de la vida en equilibrio con la naturaleza. Es cosa de buscar en internet casos como el de la minera Dominga. En este sentido, se debe señalar que uno de los temas que se ha posicionado fuertemente entre las peticiones del empresariado chileno, quienes financiaron la campaña presidencial de Piñera, es la derogación del Convenio 169, arguyendo que impide el desarrollo del país. No obstante, su derogación se traducirá en un nuevo atropello a los derechos de los pueblos indígenas.

En el presente boletín se intenta ahondar en varias de las temáticas que se relacionan directamente con la niñez e infancia indígena. De este modo, el primer artículo se centra en la relación que existe entre la Pedagogía de la Ternura y el Buen Vivir. Este último concepto desarrollado desde el pensamiento indígena y la lucha epistemológica que han venido desarrollando respecto a las formas de concebir la vida y la relación del ser humano con la naturaleza y los seres vivos que en ella habitan. El segundo artículo analiza la historia del movimiento mapuche desde principios del siglo XX hasta la actualidad, dando cuenta de las características de los distintos períodos de esta historia de lucha, así como de los hombres y mujeres que la han protagonizado. Asimismo, ahonda en conceptos clave al momento de intentar comprender la historia del movimiento mapuche, tales como territorialidad, autonomía y Estado colonial. Este último nos permite comprender varios de los aspectos esenciales del movimiento mapuche en nuestros días. El tercer artículo, que constituye una entrevista a las fundadoras de la agencia de noticias Foco Social, da cuenta del tratamiento que realizan los medios de comunicación a las temáticas relacionadas con la niñez y la juventud, donde nos explican cómo muchas veces los distintos medios vulneran desde el lenguaje (que crea realidad) los derechos de niñas, niños y adolescentes. El cuarto y último artículo ahonda en la legislación internacional que protege el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes indígenas y cómo estos explicitan y orientan respecto a las políticas públicas y acciones que debieran llevar a cabo los gobiernos para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.

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