Condena política; las irregularidades del caso Luchsinger Mackay. Intervención del abogado Sebastián Saavedra*

irregularidades

Buenas tardes, mari mari peñi, lamgnen. Bueno, primero que nada, agradecerles su concurrencia, pues uno de los graves problemas que siempre tenemos en estos tipos de procesos judiciales es la invisibilización que se produce, sobre todo cuando hay condenas.

El caso de los 11 comuneros del proceso judicial conocido como Luchsinger-Mackay, es un caso particularmente grave, no sólo por el hecho gravísimo por el cual fueron acusados, no sólo por las altísimas penas que arriesgan, no sólo por la aplicación de una ley de excepción, que es la Ley Antiterrorista, sino porque implica la validación de una forma de hacer investigación en la Novena Región, que se basa principalmente en buscar a personas con altos niveles de vulneración social, cultural, económica y cognitiva. En esta perspectiva, el caso paradigmático es José Peralino Huinca, persona a la que se le tomó declaración durante la investigación sin abogado defensor, sin previa lectura de derechos y esto es un reflejo de la forma en que actúa la policía en la Novena Región. La invocación de la Ley Antiterrorista es la punta del iceberg de una forma en que la investigación criminal se ha arraigado en el Wallmapu, que consiste en una excepcionalidad a las reglas del juego. La Ley Antiterrorista permite secretos de investigación más prolongados, períodos de detención más prolongados, prisiones preventivas más prolongadas y la posibilidad de ofrecer este tipo de ganancias como lo es la delación compensada. El problema es que esta excepcionalidad, este rótulo de terrorista a determinadas personas permite una serie de actuaciones que van más allá de la ley, pero que son normalizadas, y con fallos como los que se han visto este último tiempo en La Araucanía, justificadas incluso en tribunales. El caso Luchsinger-Mackay ha sido conocido por los tribunales de justicia en ya tres oportunidades. El año 2014 el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó un fallo condenatorio en contra de Celestino Córdova. En esa oportunidad el Tribunal calificó el hecho como un incendio con resultado de muerte no terrorista, es decir, un hecho establecido o sancionado por la ley común. Luego hubo un segundo juicio, ahora en contra de estos 11 comuneros. En esa primera oportunidad, los comuneros fueron absueltos de cada uno de los cargos y el hecho también fue calificado por el Tribunal como un delito común. En esa oportunidad la gran crítica de parte del Ministerio Público con los querellantes fue la chaqueta roja que utilizó el juez al momento de leer su veredicto. Producto de esa vestimenta se señaló que este juez sería comunista, que no reunía las calidades de imparcialidad necesarias para dictar un fallo absolutorio en ese caso.

Luego tenemos este tercer juicio, donde con las mismas pruebas, con los mismos antecedentes, con los mismos argumentos, el Tribunal llega a una resolución completamente distinta: que el hecho es terrorista y que estas tres personas son culpables, José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca. Sin embargo, en esta oportunidad nadie cuestionó que uno de los jueces haya estado postulando a notario en Concepción; nadie cuestionó que dos de los jueces estén postulando a juez de garantía. Tanto ser notario como juez de garantía depende principalmente de la elección que haga el gobierno central, siendo que el gobierno central era parte del proceso como querellante particular, a través de sus abogados, en particular el señor Hermosilla, colega que trabaja en conjunto con el ministro del interior, Andrés Chadwick. Nadie cuestionó tampoco que una de las juezas acusara acoso laboral por parte de uno de los jueces en su contra. Todas esas circunstancias no fueron cuestionadas por nadie en su momento, a diferencia de la chaqueta roja. Estas cosas pueden ser minucias, pero van demostrando la forma en que van actuando los poderes fácticos en la región de La Araucanía. El caso de José Peralino Huinca, como les señalaba, es una práctica recurrente en la política criminal de la Novena Región. El caso de José Peralino Huinca se repite sistemáticamente en las investigaciones llevadas a cabo en contra de comuneros mapuche. Juan Nahuelcura, un comunero que tiene problemas psiquiátricos serios, fue hostigado permanentemente por la Policía de Investigaciones (PDI). Él se acercó a nuestras oficinas en Temuco y nosotros presentamos un recurso de amparo. El recurso de amparo por supuesto fue rechazado, pero la Policía dejó de hostigarlo, porque sabían que esta persona ya contaba con abogado defensor. Otro de estos caos es el de Enrique Sandoval Ulloa, él fue detenido y fue golpeado incluso rompiéndole parte de sus dientes. Él presentó una querella por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y no se le siguió interrogando. José Peralino Huinca vivió la misma situación. Lamentablemente en esa situación nadie llegó antes. Pero en el momento que él tuvo acceso a un abogado defensor, al momento de la formalización, él denunció haber sido presionado y hostigado por la PDI, señalando un relato que es corroborable con todos los antecedentes de la investigación. Él fue llamado por una causa distinta, por una antena, por la existencia de una grabación en la que él aparecía hablando con su polola, y con ese método, él fue hostigado y amenazado con que su familia y él mismo iba ser apresado por toda su vida si no declaraba en contra de los comuneros mapuche. En el primer juicio se señaló que al menos la primera declaración que da esta persona en el año 2009 había sido tomada con infracción de garantías. En este segundo juicio, el tribunal validó tanto la primera como la segunda declaración, y desconoció absolutamente la declaración judicial. Todavía no conocemos los fundamentos precisos por los cuales se desestimó, porque el fallo va a ser dado a conocer recién el 11 de junio. Ese día tendremos los fundamentos precisos y necesarios. Lamentablemente, al parecer la política de este gobierno dio resultado para ellos y actualmente tres personas inocentes arriesgan cadena perpetua por hechos que no cometieron. Yo representé en el juicio principalmente a don Luis Tralcal Quidel. Don Luis Tralcal Quidel presentó prueba testimonial de lo que estaba haciendo ese día, esa noche; presentamos las boletas de donde se encontraba; presentamos un perito experto, un ingeniero, magister en telecomunicaciones de la Universidad de Chile; y esas pruebas fueron desestimadas, a diferencia del primer juicio. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y el segundo juicio si son exactamente las mismas pruebas? ¿Por qué en un primer juicio se le cree a la defensa y en un segundo juicio no? La postura nuestra no es muy difícil de inferir. Aquí hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio en las prioridades. Y el presidente Piñera tuvo como bandera de lucha en la región de La Araucanía la aplicación de esta legislación de excepción. Lamentablemente quienes, hace no pocos años, eran el baluarte de la libertad de los ciudadanos, como son los tribunales de justicia, actualmente, y de modo lamentable, consideramos que han cedido a las presiones del gobierno y de los agricultores. No por nada quienes declararon como testigos de terrorismo fueron Emilio Taladriz, el presidente de la multigremial de La Araucanía, y Gastón Caminondo, presidente de la SOFOFA. Esos son los testigos de contexto para calificar un hecho de terrorista. Es decir, en nuestro país el terrorismo se circunscribe a las pérdidas económicas. Las incoherencias del veredicto son evidentes, se indica que estas personas habrían fraguado, tramado, todo este plan diabólico en la casa de la machi Francisca Linconao, pero la machi Francisca Linconao fue absuelta. Sin embargo, condenan a otras dos personas. La lectura tampoco es tan compleja. Si condenaban a la machi, significaba una condena internacional inmediata para Chile. Significaba encarcelar a una adulta mayor, mujer, autoridad ancestral del pueblo mapuche. No podían. Por lo tanto, se condena, ‘pero no podemos condenar a la machi. ¿A quién condenamos?’. A las piedras en el zapato del gobierno; a los comuneros que se han planteado de una forma política distinta al resto, con una forma de mirar la tierra distinta; aquellos dirigentes que luchan por la autonomía, que no quieren depender del Estado; que quieren tener una autonomía económica y política. Esas son las personas elegidas, que en este caso son los comuneros Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche. No hay mucho más que decir en términos jurídicos. A mí cada vez que me preguntaban ‘¿cómo va el caso?’. Yo les contestaba ‘judicialmente vamos perfecto. Judicialmente no tenemos por dónde perder’. El único problema, peñi, es la presión política, no hay más problemas. Lamentablemente la presión fue más fuerte en este caso y tres personas inocentes pueden pasar el resto de su vida presos en una cárcel de Temuco. Es por eso que hemos concurrido este día a Santiago, porque ya, lamentablemente, mi trabajo como abogado no es suficiente. Ya no basta llevar las pruebas al Tribunal, ya no basta tener los mejores argumentos. Tenemos que recurrir a instancias políticas. Y así como los lonkos en el siglo XIX viajaban durante días para ser escuchados por el gobierno central, cuando sus tierras estaban siendo expropiadas y ocupadas militarmente, con el objeto de que fueran entregadas al menos un pedazo de tierra, así mismo hemos tenido que viajar con los familiares de los condenados a tratar de hacer algún tipo de contacto político para no quedar aislados nuevamente, como hemos quedado en La Araucanía, para que seamos escuchados, ya no por quienes debiesen escucharnos, que son los Tribunales de Justicia, sino para tener algún tipo de contacto con algún político que sea capaz, que tenga la valentía suficiente de denunciar las enormes irregularidades que ocurrieron en este juicio. Y es por eso que nuevamente les agradezco su concurrencia. Ahora hablarán los afectados de forma directa, como son los familiares de los comuneros Luis Tralcal y José Tralcal. Muchas gracias.

* Exposición del abogado de Cidsur, defensor de Luis Tralcal Quidel, Sebastián Saavedra en el conversatorio Condena política; las irregularidades del caso Luchsinger Mackay. Organizado por Wallmapu Libre. 28 de mayo de 2018. Cobertura y registro de audio en Radio Inkieta.


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