Boletín Pichikeche n°36. Editorial. Plan Impulso Auraucanía, nada nuevo bajo el sol

Pichikeche

Luego de meses de negociaciones, encuentros y reuniones, el gobierno de derecha, presidido por el empresario Sebastián Piñera, dio a conocer públicamente los alcances y aspectos más importantes del denominado Plan Impulso Araucanía. Este proceso, como se explicitó en los grandes medios de comunicación masivos, fue liderado por el ministro de desarrollo social, Alfredo Moreno, quien antes de asumir esta cartera ocupó un puesto dirigencial en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), organismo que representa los intereses de la empresa forestal en Chile. Esto último no es un dato menor, pues una de las medidas que impulsa este Plan tiene relación, justamente, con el tema de las tierras ancestrales y las plantaciones forestales.

Desde el Wallmapu hay un consenso respecto a que dicho Plan constituye un retroceso en materia de derechos de los pueblos indígenas. En esta línea, una de las medidas más cuestionadas por las distintas comunidades mapuche dice relación con la modificación de la Ley Indígena, específicamente el artículo 13, que permitiría que las tierras ancestrales puedan ingresar al mercado para ser vendidas o arrendadas. Cuando se señaló que el ministro Moreno fue parte de la CMPC, se entiende y cobra coherencia esta medida que, de alguna forma u otra, va en beneficio directo de las empresas forestales y, de este modo, se pretende seguir profundizando en los territorios mapuche el modelo neoliberal extractivista.

Varios dirigentes y representantes del pueblo mapuche, por su parte, señalan que gran parte de las medidas en clave política que se desprenden del Plan Impulso Aracucanía no son nada nuevo bajo el sol y que, por el contrario, ya han sido esgrimidas por los gobiernos que antecedieron al de Sebastián Piñera. En este sentido, la idea de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas y la promesa de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, es algo que el segundo gobierno de Michelle Bachelet ya había anunciado y que nunca se concretó. Asimismo, la idea de impulsar facilidades para competir y tener representantes mapuche en el parlamento nacional, se inserta en la misma línea. Frente a todos estos anuncios de carácter político, es legítimo preguntarse en qué medida todas estas promesas mejorarán la realidad del pueblo mapuche, en especial de las comunidades que se encuentran en proceso de reivindicación territorial y que han sido sistemáticamente violentadas por agentes policiales en sus legítimos derechos humanos.

En definitiva, todo este montaje de anuncios, encuentros, celebraciones y abrazos no es más que parafernalia, pues, y como señalan muchos analistas mapuche, todas estas medidas y anuncios no tratan los temas de fondo, y por lo demás políticos, que explican y mantienen en pie el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Entre estos temas se podrían mencionar, por ejemplo, la autonomía política y territorial del pueblo mapuche; la devolución de las tierras ancestrales por las que se ha derramado tanta sangre inocente desde las comunidades del Wallmapu; la revisión y reconocimiento histórico de la invasión militar y empresarial de los territorios mapuche; la libre determinación; el rechazo a la industria extractivista, ya sean forestales, salmoneras, centrales hidroeléctricas; sólo por nombrar algunas de las medidas más significativas e importantes. Frente a esto, las comunidades que se mantienen en pie de lucha contra la profundización del modelo neoliberal colonialista y extractivista en sus tierras ancestrales, levantaron la voz y a través de una masiva marcha, desarrollada sólo dos días después de anunciado, rechazaron tajantemente la implementación de los anuncios y medidas contenidas en el Plan Impulso Araucanía.

Mientras el anuncio de la implementación del Plan Impulso Araucanía, que ha concitado el interés y atención de los grandes medios de comunicación, se desarrolla en las “grandes esferas” de poder, en las comunidades mapuche se sigue violentando a mujeres, niñas y niños que se ven afectados profundamente por el accionar de agentes policiales del Estado chileno. Es cosa de darse el tiempo y buscar información en internet para enterarse de lo sucedido en los lof como Rankilko, quienes han sufrido violentos allanamientos en su comunidad debido a la persecución política que lleva a cabo el gobierno de Piñera. Mientras el gobierno hace hincapié en que estas medidas resolverán los problemas asociados a la pobreza material que se vive en La Araucanía, se sigue criminalizando y encarcelando a dirigentes mapuche que han liderado la lucha contra las empresas extractivistas que se instalan en sus territorios. Es el caso del lonko Alberto Curamil y el peñi Alvaro Millalén, quienes ya llevan meses recluidos en la cárcel por su supuesta participación en un asalto a una caja de compensación ocurrido en la comuna de Galvarino. Nuevamente es cosa de darse el tiempo y buscar información en internet respecto a la figura del lonko Alberto Curamil, quien ha llevado a cabo una lucha incesante por evitar la instalación de una central hidroeléctrica en el río Cautín, recurso fluvial que nutre el territorio de la comunidad Pancho Curamil; también ha sido un férreo defensor de los derechos humanos del pueblo mapuche, participando activamente en las manifestaciones de solidaridad hacia el machi Celestino Córdova, donde resultó gravemente golpeado y herido por las fuerzas especiales de carabineros.

Respecto a la justicia que se imparte en los territorios dominados por el Estado chileno, es posible apreciar que no existe ningún avance significativo en la obtención de justica en causas donde se ven involucrados comuneros mapuche. Se siguen utilizando y sosteniendo acusaciones contra comuneros mapuche basadas en pruebas que han sido seriamente cuestionadas por su falta de probidad y porque han sido obtenidas bajo dudosos procedimientos. En esta perspectiva, aún sigue en pie el proceso judicial denominado caso Luchsinger-Mackay, donde dos comuneros, Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche, han sido condenados a presidio perpetuo teniendo como única prueba de culpabilidad el testimonio de José Peralino Huinca, testimonio que fue obtenido bajo tortura, como el mismo Peralino Huinca ha sostenido en innumerables ocasiones. Además, en este caso se puede constatar la persecución y acoso que ha experimentado la abogada Karina Riquelme del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), quien ha liderado la defensa de los comuneros. En esta misma línea, se puede mencionar el caso de la lamgnen Macarena Valdés que, a dos años de su fatídica muerte y luego que la familia, haciendo un esfuerzo enorme por reunir los recursos para realizar una segunda autopsia, haya demostrado por medio de este procedimiento que la lamgnen fue asesinada, no ha obtenido justicia. Sólo a través de los dictámenes de los tribunales supranacionales es que se logra visualizar una luz de esperanza en la obtención de justicia para el pueblo mapuche. Esto último se relaciona con lo dictaminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del joven Alex Lemun, asesinado por el ex oficial de carabineros Marco Aurelio Treuer. Esta causa penal fue reabierta en el 2017 por decisión de la Corte Suprema luego que el Estado fuera hallado responsable por la CIDH. De este modo, y tras 16 años de larga espera en obtención de justicia, el día viernes 28 de septiembre el Juzgado de Garantía de Angol decretó la prisión preventiva de Treuer, imputándolo como autor del homicidio simple del joven Alex Lemun.

A pesar de todo este contexto de adversidades, el pueblo mapuche sigue resistiendo el avance de las políticas gubernamentales que el Estado chileno intenta implementar en sus territorios. Sigue haciendo frente a los megaproyectos de carácter extractivista que se intentan desarrollar en el Wallmapu. Y para mantener la fuerza y espíritu que les permite permanecer de pie frente a todas estas adversidades, las organizaciones del pueblo mapuche se siguen reuniendo, siguen levantando iniciativas de encuentro donde se sigue reproduciendo el mapuche kimün, donde siguen desplegando procesos de contención, reparación y restitución de sus propios derechos como pueblo indígena. Y esto lo han hecho de manera autónoma y autogestionada, a contracorriente de los proyectos, como el Plan Impulso Araucanía, con que el Estado chileno intenta seducirlos.

Esta nueva edición del Boletín Pichikeche da cuenta de estos procesos más bien subterráneos que desarrolla el pueblo mapuche para encontrarse, conversar y perspectivar lo que se viene en las distintas dimensiones de su existencia terrenal. En este sentido, se presenta un artículo que constituye una transcripción y pequeña edición de la intervención de la abogada Karina Riquelme en el Nütram Mujeres por la Defensa del Territorio: Criminalización y Resistencia, desarrollado en el mes de agosto. También se presenta un artículo que, al igual que el de la abogada Karina Riquelme, constituye una transcripción y pequeña edición de la intervención de Marcelino Collío, suegro de Macarena Valdés, en el mismo encuentro. Asimismo, se presentan varios artículos que son parte de la cobertura realizada por la Red de Medios de Los Pueblos al Trawün Pichikeche desarrollado en el mes de agosto en Panguipulli. Estos artículos son entrevistas realizadas a las y los organizadores de dicho encuentro, así como algunos invitados que participaron activamente en este espacio de contención, reparación y restitución de derechos de niñas y niños mapuche. Espacio que, como sus organizadoras explican, ha sido levantado como una respuesta a la sistemática violencia que experimentan las niñas y niños del Wallmapu en manos de agentes policiales del Estado. Espacio, además, que se ha levantado de manera autónoma y autogestionada, y donde, como se logra apreciar en sus palabras, se desarrollan las semillas de esperanzas de un futuro más humanizado.

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