Boletín Pichikeche N° 33: Rodrigo Mundaca*, ¿Por qué hoy día hablamos de la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes para el pueblo pobre?**

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Primero, quiero dar las gracias a los que hicieron posible y hacen posible esta actividad. Mari mari pu peñi, mari mari pu lagmen, mari mari mestizos que se encuentran aquí también presentes; también a todos los que somos parte de ese pueblo mestizo, que lucha, batalla y resiste en los territorios.

Tengo la impresión que cuando se habla de agua, hablamos del bien natural más indispensable para la vida de las personas. Sin embargo, del agua también depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas, el desarrollo de las economías locales. Me han pedido que hable de la lucha por la recuperación del agua en la provincia de Petorca, de la resistencia que se libra en ese territorio del cual fue testigo mi amigo y hermano Oscar Olivera, que lo tuvimos tres días en el territorio y recorrió la provincia en extenso. La provincia de Petorca en particular, constituye el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, el epicentro nacional del robo de agua, el modelo más claro, más nítido, más ejemplificador del modelo agroexportador extractivista que ha provocado que vastos sectores de la población se bañen por presa o que, finalmente, se naturalice la entrega de agua a través de camiones aljibe. En la provincia de Petorca, solamente entre el año 2014 y el año 2016, los que mal han administrado el Estado han tenido que invertir 12 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe. Antes de hablar de algunas particularidades de la provincia de Petorca, quisiera hablar del contexto. ¿Por qué hablamos de bienes naturales comunes? ¿Por qué hoy día hablamos de la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes para el pueblo pobre? ¿Y por qué lo hacemos aquí, en esta universidad en particular o en este centro de extensión donde no tenemos muchas posibilidades de hablar? Me parece que esta debe ser la segunda vez que hablamos en un espacio de la Universidad Católica. No hemos sido muy bien tratados por esta universidad, entonces voy aprovechar mi tiempo para decir algunas cosas que pudieran indignarlos, irritarlos.

En la década del ’70, y en parte en la de los ’80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales. Chile, por cierto, no fue la excepción. Los 17 años de dictadura no fueron la excepción. Por el contrario, fueron la corroboración de esta norma. En este contexto, el modelo forestal fue fraguado. En el año 1974, y a través del rol que desempeña Ponce Lerau, yerno en ese minuto del dictador, y quien idea este modelo forestal, quien idea este instrumento de cofinanciamiento por parte del Estado, es lo que permite al Estado cofinanciar hasta un 75% del emplazamiento de especies exóticas en el sur austral, estoy hablando de pinos, estoy hablando del eucalipto.

En una plantación de pinos entran aproximadamente 1600 árboles por hectárea. No hay despeje entra la zona de plantación y las comunidades. Un árbol de pino demanda, en régimen de riego en sus primeros años, 30 litros de agua diariamente. Pero en régimen de corta, entre 400 y 600 litros de agua por árbol. Acidifican los suelos, secan las napas freáticas. Y una vez que usted establece una especia exótica de esta naturaleza, ese suelo queda totalmente improductivo. Ese modelo forestal que fue fraguado en 1974, en plena dictadura, es lo que ha posibilitado que el Estado de Chile invierta enormes cifras de dinero, particularmente favoreciendo a tres grupos económicos inicialmente: Cruzat, Matte y Angelini. El grupo Cruzat desaparece con el ladrillazo en la década de los ’80, con la crisis económica que hubo. Y Matte y Angelini se mantienen victoriosos. Hoy día los Matte tienen aproximadamente 750.000 hectáreas de especies exóticas, pino y eucalipto. Y los Angelini, aproximadamente 1.250.000 hectáreas, también de especies exóticas. El modelo forestal, fraguado en dictadura, ha significado una enorme pérdida de bienes naturales finitos, suelo y agua. Pero también ha significado el acorralamiento de las comunidades mapuche. También ha significado la pérdida identitario cultural, indentitario territorial y, por cierto, está en el origen del conflicto que hoy día existe, un conflicto impuesto por el Estado en territorio indígena. En el origen del conflicto está este modelo extractivista asociado al emplazamiento de especies exóticas.

Pues bien, la Constitución política de la dictadura, fraguada en el año 1980, en el artículo 19, numeral 24, consagra la propiedad privada de las aguas. En ese articulado se dice que las aguas se entregan en la modalidad de derecho de aprovechamiento de los particulares, y aquellos particulares depositarios de un aprovechamiento de agua, pueden hacer uso, gozo y usufructo de este bien natural. Y, a reglón seguido, el año 1981, se formula un nuevo Código del Agua. Chile tuvo un Código de Agua distinto al de 1981. Algunos historiadores hablan del año ’67, otros hablan del año ’69. La verdad es que durante un gobierno demócrata cristiano, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se elaboró un Código de Aguas. Un Código de Aguas que en el artículo número 9 sostenía que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público; las aguas se entregaban en la modalidad de derechos de uso; se mantenía la indivisibilidad del agua con la tierra y se establecían caducidades por no uso y revocaciones cuando a usted le entregaban un derecho de aprovechamiento para un propósito en específico y usted lo destinaba a uno distinto. Ese Código de Aguas fue destruido a sangre y fuego el año 1981. El Código de Aguas que hoy día rige en todo el territorio, desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, pasando por el Wallmapu, es un Código de Aguas absolutamente inédito a nivel mundial. Se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra y, por tanto, hoy día existen propietarios del agua que no tienen tierra y, viceversa, propietarios de tierra que no tienen agua. A propósito, hace un tiempo atrás compartimos un panel similar con José Bengoa, un antropólogo, que decía que a través de la Conadi al pueblo mapuche le habían devuelto más de 180.000 hectáreas usurpadas por el Estado, pero sin derechos de aprovechamiento de aguas, debido a la vigencia del Código de Aguas de 1981. Ese Código de Aguas reconoce al agua como un bien nacional de uso público, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Le concede la prerrogativa al Estado de ser quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes, amparados en las garantías constitucionales del artículo 19 numeral 24, incorpora en ese derecho de aprovechamiento de aguas su patrimonio y pueden, por tanto, recurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua.

Yo vengo de una provincia, la de Petorca; vivo en La Ligua, donde un litro por segundo tiene un valor nominal hoy día de 8 millones de pesos. Hoy día un litro por segundo le permite a usted regar una hectárea de palta hass de exportación. Si usted va a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Y si va a la región de Antofagasta, ese mismo litro por segundo tiene un valor nominal de 50 millones de pesos. Y ese Código de Aguas, fraguado en dictadura a sangre y fuego, permitió la creación de dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: a) que se consumen, consultiva y b) que no se consumen, no consultiva. En el caso de los derechos de aprovechamiento de agua de uso consultivo, aproximadamente el 72% de estos derechos están en manos del sector agrícola; el 9% está en manos del sector minero, si mi memoria no me falla; el 12% está en manos del sector industrial; y el 6% está en manos del sector sanitario. Y a propósito de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo, destinados preferentemente para la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2009 Endesa España era propietaria del 90% de todos los derechos de aprovechamientos de aguas de uso no consultivo de todo el territorio. El año 2009, hubo un reordenamiento de capitales y, hoy en día, una empresa público-privada italiana, Enel, la misma que les cortó la luz aquí en la región Metropolitana producto de la caída de nieve, es propietaria del 81% de todos los aprovechamientos de agua de uso no consultivo del país.

Cuando un peñi, cuando una lamgen, cuando un mestizo, quiere sacar agua de algún río es penalizado, es criminalizado, es perseguido, es encarcelado, es maltratado por el Estado policial y por quienes han mal administrado el Estado. Dicho esto, habría que decir que Chile no solamente tiene privatizada las fuentes de agua, también tiene privatizada la gestión de las aguas. Desde el año 1997 en adelante, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se inició el proceso de privatización de las empresas sanitarias. La empresa sanitaria más importante del país, Aguas Andinas, es de propiedad del grupo Agbar Suez. La segunda empresa sanitaria más importante del país es Esval, la que nos surte, nos provee de agua potable y de saneamiento en la región de Valparaíso. Aunque les parezca inadmisible o pudieran pensar incrédulamente que estoy mintiendo, Esval es de propiedad de los profesores de Ontario, Ontario Teachers. Es decir, los profesores de Ontario no solamente son dueños de Esval, sino que además son dueños de Esbio, son dueños de Aguas del Valle. Los profesores de Ontario controlan el 40,4% de todo el suministro de agua potable de todo el territorio: jubilan a los 56 años, cumplen con todas sus obligaciones de pago, tienen pensiones que son siete veces superiores a las pensiones de los profesores chilenos, mestizos y no mestizos. Son propietarios, además, del aeropuerto de Bristol, son accionistas mayoritarios de la lotería en Gran Bretaña, son dueños de más de siete malls en Canadá. Y, por tanto, estas situaciones, cuando hablamos de bienes naturales comunes, finalmente son un reflejo de cómo hoy día tenemos un Estado que se encuentra absolutamente desnacionalizado, cómo hoy día tenemos comunidades que se encuentran completamente despojadas de bienes naturales esenciales para la vida de las personas, para la vida de las comunidades.

Nosotros seguimos con atención las noticias de la región Metropolitana, y cuando se quedaron sin agua producto de los desplazamientos, producto de la remoción de materiales del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en la parte alta del cajón, los funcionarios de turno salen a comentar de que existen millones de clientes que hoy día están sin suministro de agua, sin luz cinco días, comunidades pudientes de la región Metropolitana, como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, pero también Pudahuel; también Cerro Navia, La Caro, la Clara Estrella, etc. ¿Qué decía el superintendente de energía, el ministro de turno? ¿Qué decía? ‘Tenemos 400 mil clientes sin luz’. Es decir, hoy día los que mal administran el Estado no son capaces ni tienen la capacidad de gestión, ni operativa ni financiera, de garantizar servicios básicos que son esenciales para la vida de las personas. A propósito de este contexto, uno de desnacionalización, de lucro, usura y exclusión derivado de la enajenación de bienes naturales comunes, la provincia de Petorca es probablemente el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, el epicentro nacional del robo del agua, pero también el reflejo más nítido del modelo extractvista-agroexportador que prevalece en todos los territorios. Probablemente algunos de los que esté acá conocen bien Zapallar y Papudo, pero la provincia de Petorca es algo más que estos dos balnearios, también es La Ligua, Cabildo y Petorca, y se concentran allí aproximadamente 70 mil personas. En la década de los ’90 y gran parte de la década de 2000, conspicuos políticos y empresarios llegaron a la provincia, como Pérez Yoma, como Cerda, como Trivelli, como Ignacio Álamos, como las hermanas Solari, etc. Y llegaron con un propósito claro: producir paltas de exportación, producir paltas hass. Desmontaron toda la flora y fauna nativa. Si aquí hay un agrónomo en este auditorio, Chile no tiene instrumentos de ordenamiento territorial/espacial asociado a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Desmontaron todos los cerros de una zona de secano costero interior (así está tipificada parte de la provincia de Petorca), y colocaron paltos. Tecnificaron sus sistemas de riego a través de la Comisión Nacional de Riegos que administra la ley 18.450, y cuando el agua les faltó construyeron drenes para capturar toda el agua subterránea donde no existe escurrimiento superficial de los ríos. Construyeron pozos sin derechos de agua legalmente constituidos y, finalmente, lo último y reciente, corrieron los cercos y se apropiaron de la caja de los ríos. En la provincia de Petorca, en los últimos 12 años pasamos de 2.000 hectáreas de cultivo de paltos a 13.000 hectáreas. Chile, después de México y Estados Unidos, es el país más importante en producción de paltas de exportación, a propósito de transformarnos en una potencia agroalimentaria. Y la pregunta que habría que hacerse ¿somos una potencia agroalimentaria a costa de qué? ¿Cuál ha sido el precio que han tenido que pagar las comunidades con este modelo extractivista que prevalece en todos los territorios? El precio que han debido pagar las comunidades pobres, ha sido cagar en bolsas de plástico, ha sido bañarse por presas, ha sido naturalizar que a usted le entreguen agua a través de camiones aljibes. Piensen lo siguiente: ¿cómo se construyen las ciudades a lo largo del planeta? Todas están construidas en torno a los cursos de las aguas. La ciudad de Santiago está construida en torno a cursos de aguas y los ríos no juegan sólo una función paisajística. De los ríos depende el ciclo hidrológico; si no hay transformación de la materia, si no hay evaporación de las aguas no hay formación de las nubes, no hay pluviometría.

Durante mucho tiempo nos han hablado de sequía, pero esa sequía que hoy día ocurre en los territorios tiene un carácter profundamente antropocéntrico y que está, precisamente, derivada del modelo extractivista que prevalece en todos los territorios y, le agrego un concepto, está asociada a la extracción, es decir, a la apropiación impropia desde la imposición del poder político, del poder económico. En una de las comunas de la provincia de Petorca, en la comuna de Petorca, viven hoy día 3.000 mujeres solas y no lo digo sexista, peyorativa ni patriarcalmente, muy por el contrario, 3.000 mujeres viven solas. Sus compañeros, sus parejas, se fueron del territorio y se fueron porque se quedaron sin agua. Y si quisiera yo este discurso alivianarlo y desideologizarlo apelaría al sentido común, ¿cuál es el sentido común? El sentido común, es que el agua es esencial para preservar la vida, todas las vidas. Cuando usted priva a una comunidad de agua, lo que usted está comprometiendo no es sólo la vida de esa comunidad, sino que está fragilizando de una manera irreversible el identitario cultural, el identitario territorial; está afectando de manera irreversible la soberançia alimentaria. ¿Cuántos pequeños agricultores privados de agua porque se ha priorizado el modelo agroexportador, el modelo hidroeléctrico, el modelo forestal o la megaminería química a cielo abierto? ¿Cuántos pequeños agricultores han desaparecido desde Arica-Parinacota hasta la región de Los Lagos? ¿Se ha hecho ese ejercicio? ¿Cuánto despoblamiento ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el volumen de migración desde el campo a la ciudad producto de que los jóvenes hoy día, en los campos privados de agua, han tenido que emigrar del territorio? Los daños que ha provocado la privatización, la mercantilización y la enajenación de este bien natural común en algunos territorios, son irreparables. En el archipiélago de Chiloé si usted va, caen 1.500/3.000 milímetros de agua. Usted va a Ancud en este minuto y se encuentra con camiones aljibes. Y las localidades rurales del archipiélago de Chiloé el otro día estaban, entre comillas, en sequía. Y podría ser curioso comentar la sequía del archipiélago de Chiloé y decirlo así tangencialmente, eufemísticamente, ‘ah, están sin agua’. Pero cuando uno va al análisis profundo de por qué en el archipiélago de Chiloé hoy día no hay agua y, claramente, el problema está precisamente en el extractivismo desembozado que ahí se practica. Empresas extranjeras hoy día se llevan todo el musgo pompón, el musgo sphagnum de los bosques naturales del archipiélago de Chiloé porque se ganaron una concesión y ese musgo pompón hoy día se utiliza como substrato para la producción de flores de corte en Europa. Ahí está el origen del problema. Ahí está el origen de la sequía. Y veo al Germán que está por allá atrás, que es de Combarbalá, del valle El Durazno, y en el valle El Durazno hoy día se intenta emplazar un embalse, La Tranca, para embalsar aproximadamente 50 millones de litros de agua para favorecer fundamentalmente a Bauzá y Tagle, para favorecer fundamentalmente a dos empresarios que tienen la propiedad del 81% de los derechos de aguas superficiales del río Cogotí. ¿Y cuál es el argumento que da el mal gobierno? El argumento que da es que un emprendimiento de esta naturaleza va a asegurar ampliar la superficie de riego en aproximadamente 4.000 hectáreas. ¿Para quién? Para Bauzá y Tagle. Comprometiendo e hipotecando saberes ancestrales, identitarios cultural, provocando la migración de más de 100 familias que van a quedar abajo del embalse. Esa situación es una situación cotidiana, que se da en todos los territorios hoy día.

Pero también nos dijeron que habláramos de resistencia y por cierto que hemos batallado, y hablo en mi condición de vocero de Modatima. Somos una organización que, al igual que nuestros hermanos del Wallmapu, nos hemos portado mal, obvio. Nuestras primeras movilizaciones fueron con toma de carreteras, con copamiento de comisaría, con funa a los ladrones de agua, con destrucción de bienes materiales de algunos ladrones de agua, y estoy pensando en el diputado Cerda que nunca nos quiso, pero que robaba agua y era diputado en ejercicio hasta marzo de 2014. Y con distintas tácticas de lucha que hemos desplegado en el territorio. Contarles que el año 2016 en la provincia de Petorca, no voy a hablar de criminalización porque de eso también sabemos harto, hemos sido condenados, hemos sido encarcelados, hemos tenido que estar firmando, etc. Compañeras nuestras hoy en día están amenazadas de muerte y están con recursos de protección en la corte de apelaciones de Valparaíso. Dentro de todas las tácticas de lucha, y a propósito de la resistencia, hemos resistido materialmente, visibilizando el robo de agua y hemos actuado en consecuencia y nos sentimos orgullosos de aquello y asumimos la responsabilidad, y desligo de cualquier responsabilidad a los organizadores de esta actividad, nosotros asumimos esa responsabilidad. Pero en este transitar en estas luchas, hemos inventado distintas técnicas, distintas tácticas de lucha. El año pasado estuvo France 5, la televisión pública francesa, en nuestro territorio, durante una semana trabajando y armó un reportaje en la provincia de Petorca sobre el modelo de producción agroexportadora asociado a la producción de palta violando el derecho humano al agua. Ese reportaje se dio a conocer en enero de 2017 en el país y a nadie le importó, no tuvo ninguna repercusión. En mayo de 2016 tuvimos a Danwatch, que es un centro de investigación periodístico danés, que hizo un reportaje de similares características al reportaje anterior. Trabajó con nosotros siete días en el territorio, caminaron el territorio con nosotros. Y ese reportaje pensábamos que iba a ser un reportaje más como los cientos de reportajes que hay en torno a la provincia de Petorca. Sin embargo, este se dio a conocer el 19 de marzo de 2017 y tuvo un efecto que no había tenido ninguna otra acción. ¿Cuál fue el efecto? En el desenlace del reportaje, los supermercadistas daneses le anuncian al mundo que no le van a comprar más paltas a los grandes productores de palta de la provincia de Petorca que roban agua. ¿Qué significó eso? Significó que a los dos días siguientes hubiera una acción concertada de amenazas de muerte a muchos compañeros y compañeras que participaron de esa acción. Que derivaron finalmente en recursos de protección que hoy día se están litigando. Y cuando analizábamos el contexto de aquello, decíamos: ‘los golpeamos de todas maneras, nos defendimos de todas maneras, resistimos de todas maneras. Los denunciamos, nos tomamos las carreteras, nos tomamos las comisarías, los funamos’. Todo lo que hacen todos los movimientos que están aquí, la Coordinadora No Alto Maipo, los compañeros de Combarbalá, los compañeros del archipiélago de Chiloé, los compañeros del Wallmapu, los compañeros de Cochabamba; y finalmente donde más les dolió, fue cuando les golpearon el bolsillo. Cuando los daneses dijeron no les vamos a comprar más paltas, cuando los alemanes se sumaron, cuando se sumaron los franceses, ahora cuando se van a sumar los catalanes. Cuando más les dolió fue precisamente cuando les deterioramos el acceso al mercado. Y no lo habíamos experimentado como práctica.

*Ingeniero Agrónomo. Secretario del Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y Respeto al Medio Ambiente MODATIMA.

**Conversatorio Resistencias Territoriales en Abya Yala. El agua, el territorio y la vida. Realizado el jueves 10 de agosto en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión PUCV.

Enlace a página web Modatima

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