Boletín n°35. Editorial. Tiempos mejores, ¿para quién(es)?

Pichikeche

El segundo gobierno de Sebastián Piñera, empresario y político de derecha, lleva casi cuatro meses de despliegue. Cuatro meses que, realizando un somero análisis, han visibilizado aún más las hondas desigualdades que existen en este país llamado Chile. Desigualdades que, lamentablemente, siguen profundizándose y que, además, abarcan distintas dimensiones de la existencia terrenal. Una de las dimensiones donde se pueden palpar de manera evidente estas desigualdades, dice relación con la aplicación de justicia en los distintos territorios que conforman el Estado chileno, así como a los distintos grupos sociales que conforman la sociedad nacional.

A propósito de lo anterior, sólo hace un par de días se enteró todo Chile de las novedades judiciales de uno de los mayores casos de corrupción de este país, conocido mediáticamente como “caso Penta”, donde quedó en evidencia el maridaje histórico entre la clase política y el empresariado, y donde el poder judicial, supuestamente independiente, deja en claro que en estos territorios existen distintos tipos de justicias. Distinción que responden, claro está, a intereses políticos, económicos, sociales y culturales.

El fiscal Manuel Guerra, que encabeza el proceso judicial conocido como “caso Penta”, donde se investiga la utilización de facturas y boletas de honorarios “ideológicamente falsas” que habrían financiado campañas electorales de distintos políticos, preferentemente de derecha, decidió eliminar los delitos de cohecho y soborno. De este modo, Carlos Lavín y Carlos Délano, controladores del grupo Penta, se verán beneficiados con la rebaja de sus posibles condenas. No obstante, este no es el único antecedente donde el fiscal Guerra beneficia a los ricos y poderosos, ya se había publicado en los distintos medios de prensa nacional el rol que este fiscal jugó en el caso del senador Iván Moreira y del mismísimo presidente Piñera en el caso conocido como Exalmar.

Lo anterior deja en claro que en este país existe una justicia para los ricos y poderosos, y una muy distinta para el resto de las y los ciudadanos, pobladoras y pobladores, peñis y lamgnen. Lo que se viene relatando es aún más evidente con lo que ha pasado en el mediático caso judicial conocido como Luchsinger-Mackay.

Este caso se remonta al año 2013, donde un grupo de desconocidos perpetró un ataque incendiario en el fundo Granja Lumahue. Esta acción tuvo como resultado la horrorosa muerte del matrimonio conformado por el empresario latifundista Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, quienes fallecieron calcinados producto del incendio de la casa que habitaban. Hasta el 11 de junio de 2018 el único condenado por este horrible crimen era el machi Celestino Córdova, quien está cumpliendo una pena de 18 años de cárcel. Sin embargo, su condena no ha estado exenta de polémicas, dudas y críticas al actuar de la justicia chilena. En específico, una de las grandes dudas respecto al resultado final de esta investigación judicial tiene relación con la herida de bala que sufrió el machi Celestino durante la noche que se llevó a cabo este ataque incendiario con resultado de muerte. Como se demostró durante el proceso judicial, la bala que hirió al machi estaba recubierta con un material cúprico y cuando se analizaron las balas percutadas por Werner Luchsinger, quien se habría defendido del ataque, estas eran de material niquelado y no de cobre. Claramente existe una discordancia entre las balas analizadas, y esto da pie para preguntarse legítimamente de dónde provino la bala que hirió al machi Celestino, pues supuestamente el machi fue la única persona que estaba en el lugar donde acontecieron los hechos.

Hasta octubre de 2015, el machi Celestino era el único condenado por el caso Luchsinger-Mackay. Sin embargo, la cuestionada confesión de uno de los imputados, José Peralino Huinco, provocó la reactivación del caso. El 23 de octubre de dicho año Peralino Huinca declaró ante los fiscales Luis Arroyo y Alberto Schiffelle que “Queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran”, según lo señalado textualmente por la Fiscalía ante el juzgado de Temuco. La declaración de José Peralino Huinca dio pie para que se llevara a cabo un gran operativo policial durante la madrugada del 29 de octubre donde, a través distintos allanamientos y con más de 100 efectivos policiales desplegados en los sectores de Yeupeko, Rahue y Tres Cerros, se detuvo a once comuneros mapuche.

De este modo, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, José Tralcal Coche, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Luis Tralcal Quidel, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Arturo Córdova Tránsito, José Peralino Huinco y la machi Francisca Linconao Huircapan fueron detenidos y llevados a la cárcel de Temuco. El único imputado que quedó con una medida cautelar diferente fue José Peralino Huinca, pues estaba recibiendo el beneficio de arresto domiciliario debido a que se acogió a la figura de delación compensada. No obstante, y a los meses de haber realizado esta declaración, José Peralino Huinca, en audiencia llevada a cabo en el juzgado de Temuco, decidió retractarse de su declaración emitida en octubre de 2015. Además de desdecirse de sus dichos, José Peralino Huinca acusó haber recibido hostigamientos, presiones y apremios físicos y psicológicos para que se inculpara y, de paso, declarara el involucramiento de los nueve comuneros y la machi Francisca Linconao.

Teniendo a la luz estos nuevos antecedentes, en octubre de 2017 se desarrolló el juicio oral donde se absolvió a los 10 comuneros y la machi Francisca Linconao. La lectura del veredicto, realizada por el juez José Ignacio Rau, deja en evidencia lo crucial que resulta en este caso la declaración de José Peralino Huinca. En palabras del juez: “La única fuente de información de la que derivan todas las demás probanzas de imputación respecto de la participación de los acusados está constituida por las dos declaraciones de José Peralino Huinca prestadas en fase de investigación, pero la declaración del 8 de noviembre de 2013, a juicio de estos sentenciadores, adolece de vicios de ilegalidad que impiden otorgarle mérito probatorio”, dijo el magistrado.

Sin embargo, el mediático caso Luchsinger-Mackay no se acabaría con este veredicto, pues el 29 de diciembre de 2017 la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de nulidad presentado por la parte querellante, conformada por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los querellantes particulares. Luego de acoger este recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la realización de un nuevo juicio oral, constituyendo uno de los elementos principales de este nuevo proceso justamente la cuestionada declaración del comunero José Peralino Huinca, que se habría realizado bajo coacción y tortura por parte de agentes policiales.

El 05 de mayo del presente año, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco finalmente condenó a José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel como autores del delito terrorista de incendio. Tanto José Tralcal Coche como Luis Tralcal Quidel fueron condenados a presidio perpetuo, mientras que José Peralino Huinca fue condenado a 5 años de presidio, debido a los beneficios que trae consigo la figura de delación compensada. Los demás comuneros y la machi Francisca Linconao fueron absueltos con un voto de minoría en su contra. Esta condena fue ratificada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el día 11 de junio. Los defensores de los comuneros, por su parte, anunciaron que recurrían a la Corte Suprema con el propósito de solicitar la nulidad del fallo.

Como queda demostrado en cuatro de los artículos que conforman esta nueva edición del boletín Pichikeche (Condena política; irregularidades del caso Luchsinger Mackay intervención del abogado Sebastián Saavedra, de Lisette Melillán, Juan Tralcal e Ignacio Tralcal), el caso judicial conocido como Luschsinger-Mackay ha estado atravesado por distintas irregularidades, lo que da cuenta de una intencionalidad política detrás de su actual estado. Asimismo, la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso, analizado en otro de los artículos de este boletín, da cuenta del recrudecimiento de la violencia en las comunidades mapuche que se encuentran en procesos de reivindicación territorial y defensa del agua, así como el errado camino que ha tomado el Estado chileno, a través de los distintos gobiernos de turnos, en no asumir el trasfondo político que hay en el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Todo lo anterior queda en evidencia con el arribo a tierras del Wallmapu del denominado “comando Jungla” y todo el aparateje de tecnología bélica con el cual se ha equipado a este grupo de efectivos policiales.

Además de estos artículos que se centran en las características del caso Luchsinger-Mackay, en esta nueva entrega del boletín Pichikeche también se incluye un artículo que desarrolla un análisis antropológico e histórico de la “cosmovisión mapuche” y cómo esta se constituye en un sentido ético y político para el pueblo mapuche. Asimismo, se incluye una entrevista a la lamngnen Evelyn Levi acerca de su trayectoria biográfica, donde nos relata sus vivencias en cuanto a ser mujer mapuche que vive en la ciudad y que trabaja con las temáticas relacionadas con la niñez y adolescencia. Por último, se integra una declaración por parte de la Comisión Ética Contra la Tortura que aborda, justamente, el arribo del “comando Jungla” a tierras mapuche.

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